El Gobierno reconoce haber aplicado fondos finalistas de formación para otros usos

El Gobierno reconoce haber aplicado fondos finalistas de formación para otros usos

Fotografia placa Defensor del Poble

La Cecot sospecha que el remanente de los fondos para la formación no ejecutados en los últimos ejercicios se han destinado a reducir el déficit público.

16/02/17 · Cecot


Un año ha transcurrido desde que la patronal Cecot puso en conocimiento del Síndic de Greuges el desequilibrio entre los fondos aportados por empresas y trabajadores para la formación (un 0,7% sobre la base de cotización) y el destino y reversión de éstos teniendo en cuenta el carácter finalista de los mismos, que no es otro que el de la formación profesionalizadora. La patronal catalana realizó una petición para conocer dónde y cómo se aplicaban los fondos para la formación. La Cecot estimó que en los últimos cuatro años (2012-2015) el Gobierno destinó más de 4.000 millones de euros de estos fondos para cubrir prestaciones y formación para trabajadores en paro.

En los presupuestos generales del Estado del 2012 ya se produjo una importante reducción – más de 30% del gasto dedicado a la financiación del subsistema -, para destinar una parte de los ingresos de la cuota de formación profesional a otros fines. En 2013, de los 1.860 millones de euros que el Gobierno recaudó a través de la cuota de formación profesional, 1.059 millones fueron destinados a otras finalidades diferentes de la formación de los trabajadores ocupados.

El Síndic, Rafael Ribó, derivó el expediente a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, por considerar que el ámbito de la queja realizada por la Cecot era estatal. Y la Defensora del Pueblo aprobó el recurso e inició el trámite informativo con el Servicio Público de Empleo Estatal para dar respuesta a la demanda de información de la Cecot, que ya en ese momento, marzo de 2016, contaba con la adhesión y el apoyo de una decena de asociaciones empresariales a nivel estatal y de la Confederación Sindical de CCOO.

La sospecha inicial de los representantes empresariales y sindicales que el Ministerio de Empleo utilizó los fondos de formación en el empleo que pagan empresarios y trabajadores, con carácter finalista, para otros programas de distinta índole y durante diversos ejercicios, se vio reconocida por el propio Ministerio de Empleo a mediados del 2016. El Ministerio admitió entonces que en ejercicios anteriores parte de lo recaudado se había destinado a otros fines distintos de aquellos para los que se había recaudado y afirmó haber aplicado una corrección a partir del ejercicio 2015.

Una respuesta insuficiente e improcedente a criterio de los agentes sociales que impulsan la queja, y por ello mantienen un pulso con la Secretaría de Estado de Empleo, por vía de la Defensora del Pueblo, para llegar a conocer el destino de los fondos no gastados en formación que, sospechan, han servido para reducir el déficit público.

Tal ha sido el interés general por conocer la aplicación de estos fondos finalistas que algunos grupos parlamentarios han formulado consultas, en la misma dirección, a la mesa del Congreso de los Diputados.

El desconcierto entre las organizaciones empresariales y sindicales se intensifica cuando los datos facilitados por escrito desde el Ministerio varían entre los facilitados por la vía de la Defensora del Pueblo y los facilitados por vía de la mesa del Congreso de los Diputados.

 

Magnitudes económicas

El pasado 4 de noviembre de 2016, el Ministerio de Empleo admitió por escrito a la Defensora del Pueblo que en 2015 dejó de gastar 273 millones de euros correspondientes a Formación. En el mismo escrito el Ministerio afirma que en 2016 se incorporaron “casi 33 millones de euros del remanente existente (…) al final del ejercicio 2015…”. Los agentes demandantes entienden que si el Ministerio ha reanualizado 33 millones al ejercicio 2016, queda sin explicar el uso que se ha dado a los 240 millones de euros restantes, que se reconocen como excedentes del 2015 de la cuota finalista de formación profesional para el empleo.

El 23 de diciembre, el Ministerio de Empleo, mediante la secretaría general del Congreso de los Diputados, daba respuesta a las preguntas de los grupos parlamentarios anexando la relación de fondos gastados en formación en el año 2015. De la información facilitada se deriva que de los más de 2.047M de euros presupuestados para formación en 2015 resta un remanente de 448M de euros que no explica donde se han aplicado ya que, según el propio Ministerio de Empleo, únicamente se han reanualizado en 2016, 33 millones de euros.

PRESUPUESTO FORMACIÓN AÑO 2015 – Capítulo IV

PRESUPUESTO

GASTO

EJECUCIÓN

REMANENTE

2.047.945.970

1.632.817.040

1.599.372.690

448.573.280

Fuente: Datos del Servicio Público Estatal de Empleo

En lo que se refiere al volumen de remanentes de crédito destinado a la formación en 2016 es aproximadamente de 530M de euros que sumados a los remanentes de 2015 y 2014 proyecta una cifra de más de 1.300M de euros de remanente entre el 2014 y el 2016 que no se han ejecutado.

 

Preocupación por parte de los agentes sociales

Más allá que la Administración haya confirmado y reconocido la queja efectuada por la Cecot, el resto de asociaciones empresariales y CCOO, lo que preocupa a los agentes sociales es la actitud de continuar actuando como hasta ahora.

En el informe del 4 de noviembre de 2016 que el Secretario de Estado remite a la Defensora del Pueblo deja a entender que la Administración pretende seguir utilizando los fondos de la cuota de formación profesional, que pagan empresarios y trabajadores, para otros fines que la Administración decida políticamente, y que para ello no se siente obligada a reanualizar o reutilizar sus remanentes.  

Entendiendo que la cuota no es un tributo previsto como tal en la Ley General Tributaria, ni un ingreso de las Administraciones o sus organismos autónomos tendentes a sufragar sus gastos de forma general, los agentes sociales han vuelto a remitir un escrito a la Defensora del Pueblo, en fecha de 6 de febrero de este año, para recordar al Secretario de Estado para el Empleo que “la cuota de formación profesional es una cotización vinculada a la relación laboral y el hecho de que una vez recaudada se ponga a disposición del Servicio Público de Empleo Estatal para que éste gestione y aplique a los fines para los que se cobra, no quiere decir que constituya un ingreso desafectado aplicable a cualquier otra cosa, ni a cubrir los gastos generales de este organismo”.

En el mismo escrito de 6 de febrero, las entidades demandantes de información vuelven a referirse al Informe de fiscalización al Servicio Público de Empleo Estatal, realizado el 26 de enero de 2012 por el Tribunal de Cuentas en el que reprocha a este organismo público que utilizara los fondos de la cuota de formación para pagar prestaciones. Así pues, el SEPE ha venido actuando con vulneración consciente de las indicaciones que ya le hizo el Tribunal de Cuentas en el año 2012. Hay que añadir que el mismo Tribunal Constitucional ha declarado reiterado en múltiples sentencias sobre la formación profesional para el empleo que la cuota de formación es una cuota finalista, sujeta a un principio de caja única propio, diferenciado incluso de la caja única de la Seguridad Social.

 

Cambio de modelo o fin del pago de las cuotas de formación al fondo por parte de empresarios y trabajadores

La Cecot recuerda que un año y medio después de la aprobación de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, sigue sin desarrollarse el reglamento que la misma Ley establece y que la consecuencia directa ha sido una reducción del número de personas formadas, una reducción de la participación de las empresas y que el remanente generado en 2015 no se ha aplicado a los planes de formación de 2016.

Hoy en día, la formación y la gestión del talento es un factor fundamental para la competitividad empresarial y, en general, para el avance de nuestra economía y nuestra sociedad. El retraso en la convocatoria de ayudas a la formación de trabajadores ha ido acompañado de la exclusión de los agentes sociales del Órgano Colegiado que informa los planes de formación cuando, por Ley se mandata  “la participación de los agentes sociales en la gobernanza del sistema”.  

“Si la Administración no garantiza el uso de los fondos que generamos empresas y trabajadores, si no permite que los representantes de los que generan ese fondo para formación participen de la planificación, control, seguimiento y evolución, al final tendremos que plantear la eliminación de las cuotas”, insinúa Antoni Abad, presidente de la patronal catalana Cecot.      

Documento remitido por la Cecot a la Defensora del Pueblo en fecha 6/02/2017.

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